Intervención y Estatización

Una mirada sobre Vicentín

POLÍTICA
9 de junio de 2020

Por Juan Pablo Hudson

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Este lunes el presidente Alberto Fernández seguramente haya tomado la medida política más audaz desde que llegó al poder: la intervención y el envío al Congreso de un proyecto de estatización de Vicentín, una de las principales empresas agroindustriales de la Argentina, con asiento en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

¿Por qué sería su decisión gubernamental más radical hasta la fecha, por encima incluso de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia que benefició a cerca de 9 millones de personas durante esta pandemia? La respuesa la dio el propio presidente: “La expropiación de Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria”.

La afirmación es un tanto exagerada dado que Vicentín es un actor importante pero en un contexto de participación de gigantes transnacionales en este mercado. Sin embargo hacía allí apunta esta medida radical que toma el gobierno: la posibilidad de que el Estado ingrese en el estratégico comercio internacional de granos, en la producción de aceites, y en la propia producción de alimentos.

Gigante de papel

Vicentín es una agroempresa orientada a la exportación, fabricante de aceites -soja y maíz-, de harinas, y otros productos vertebrales de la industria alimentaria cuya producción y comercialización está hiperconcentrada. Tiene su planta en el puerto de San Lorenzo y cuenta con alrededor de 7000 trabajadores. Dentro del complejo industrial oleaginoso argentino es una de las tres principales compañías de origen nacional junto a Aceitera General Deheza, con sede en Córdoba, y Molinos Río de La Plata, con asiento en Buenos Aires. Las otras grandes compañías en el rubro son transnacionales y tienen todas sus sedes en paraísos fiscales: la china COFCO (radicada en Ginebra), ADM (cuya sede está en Delaware), Bunge (las Bermudas), Cargill (Miniappolis), y Dreyfus (Suiza).

El 4 de diciembre del 2019 Vicentin se declaró en cesación de pagos, acumulando 1350 millones de dolares de deuda, lo que equivale a 2000 acreedores. Pero es uno de ellos el que importa para comprender las razones de las medidas anunciadas ayer por Alberto Fernández: el Banco Nación, con quien tomó deuda crediticia entre 2015 y 2019 por 360 millones de dólares y no las honró. Los pedidos de créditos en la banca estatal eran habituales para la empresa desde hace décadas pero la flexibilización de los controles impositivos y, sobre todo, del mercado financiero por la alianza Cambiemos le permitió a la empresa intensificar su principal operatoria: la fuga de divisas.

La secuencia ocurrida desde mediados de 2019 hasta el 10 de diciembre, cuando Maurio Macri se despidió de la presidencia, revelan una alianza escandalosa entre la empresa y Cambiemos. En agosto Vincentín dejó de pagar sus créditos en el Banco Nación. Así y todo Javier González Fraga, titular de esa entidad, no solo no exigió el pago sino que renovó los préstamos. ¿Habrá sido por pedido expreso del propio Macri? A esa altura la empresa ya había dado muestras más que suficientes de sus serias dificultades para el pago a otros acreedores y, como dijimos, al propio Nación.

El 2 de diciembre, es decir 48 horas antes de declararse en quiebra, Vicentín vendió el 16% de su participación en Renova, la mayor planta de procesamiento de soja del mundo, inaugurada en 2014, a la trasnacional sueca Glencore, con la que ya compartía negocios importantes, en una maniobra que no hizo más que profundizar la tendencia a la extranjerización de un sector que incluye a la industria alimenticia. Pero acá lo más explosivo: días antes del traspaso de mando presidencial entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, en la cuenta de Vicentín en del Banco Nación ingresaron 890 millones de dólares en concepto de exportación. A pesar de que estaba en cesación de pagos, las autoridades del banco dejaron que la companía retirara la totalidad de ese monto sin debitarles un solo centavo para saldar el agujero financiero que estaba dejando para la próxima administración. Poco después se supo que Vicentin fue la principal aportante a la campaña de Cambiemos. Evidentemente el cálculo de la empresa era que Macri sería reelecto y que entonces el arreglo de la deuda sería simple. La conferencia de prensa de ayer mostró finalmente una panorama radicalmente diferente.

Triángulo guaraní

Más que una empresa, Vicentín es un conglomerado con múltiples negocios –no solo alimentarios, también producción algodonera, por ejemplo- que exceden las fronteras nacionales. Ha creado firmas en Uruguay, Brasil y en Paraguay.

Sergio Arelovich es economista y asesor gremial en el complejo agroindustrial de San Lorenzo y Puerto San Martín. En sus análisis de las operatorias de Vicentín da cuenta de la creación de una empresa propia con un porcentaje mayoritario radicado en Paraguay. Esta composición societaria le permitía a Vicentín remitir utilidades en dólares –de manera legal, paradójicamente- sin necesidad de acudir al mercado de cambios bajo la figura de activos externos, puesto que era una compañía extranjera, aunque solo fuera de forma, la que se hacía de esos verdes y los giraba después hacia otras sedes de la compañía en paraísos fiscales en diferentes partes del mundo.

Se suma, según el análisis de Arelovich, que el estudio de los últimos balances y memorias de la empresa muestra que las ganancias se giraron siempre al extranjero bajo otras formas también. AFIP, por ejemplo, ya le había cuestionado los precios de transferencias, es decir, la diferencia entre los precios en que se concertaron las operaciones al exterior entre la empresa argentina y la empresa que compró los productos, que no es más que una compañía del propio grupo pero radicada afuera. Allí la AFIP sospecha de retoques a la baja en los precios para pagar menos impuestos de exportación. También la AFIP le reprocha no haber liquidado divisas de exportación en los períodos en que era obligatorio hacerlo, algo que dejó de serlo durante la presidencia de Mauricio Macri.

En definitiva, Vicentín fugó año tras año sus ganancias a través de triangulaciones con empresas propias radicadas en el extranjero y cuando vino el desastre financiero en 2019 no quiso retornar nada de ese capital para hacerse cargo de sus deudas. La pretensión de la compañía este 2020 fue venderle su participación en la joya del grupo a su socia trasnacional Glencore para seguir controlando el negocio como lo viene haciendo hasta ahora, es decir de una forma un poco turbia.

También apareció una alternativa amenazante: un grupo supuestamente nacional, cuya cara visible era Allaria Ledesma, sociedad de bolsa que estaba reuniendo fondos de inversión para “hundir capital en el país”, según sus propias palabras. La propuesta era impulsada técnicamente por PXQ, la consultora del economista Emmanuel Álvarez Agis, y contaba con el aporte para la vaquita de José Luis “Chupete” Manzano, y también de exCEOS y sociedades de Cargill.

Pero ayer el gobierno de Alberto Fernández pateó el tablero cuando nadie lo sospechaba y se hizo eco de la propuesta de crear una empresa nacional que había impulsado un grupo de diputados, dirigentes y funcionarios como Claudio Lozano, director del Banco Nación, y el diputado santafesino Carlos del Frade. Se intervino la empresa a través de una línea de negocios de YPF llamada YPF Agro y se envió al congreso una ley de expropiación para convertir a Vicentín en una empresa mixta que le permitiría al Estado tres movimientos simultáneos: participar de forma directa un mercado clave como el alimentario, evitar una mayor extranjerización de ese complejo, y hacerse de dólares frescos ya no solo a través del cobro de retenciones sino de exportaciones.

 

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