Ecología y Ambiente
Cambio climático, litio en Sudamérica y basura plástica en las aguas del mundo
#ClásusulaGatillo, columna política de Juan Pablo Hudson
Tres fallos judiciales sacudieron al presidente Macri y encendieron las alarmas amarillas:
1. La acordada de la Corte Suprema que puso fin a la posibilidad de que juzgados ordinarios pasaran a la órbita federal para tratar con rapidez (supuestos) casos emblemáticos de corrupción de los gobiernos kirchneristas sin necesidad de aprobación del Senado. No casualmente, esos Tribunales que lograron un ascenso repentino al fuero federal tienen su asiento en el feudo del macrismo: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero la Corte dijo basta y tomó por sorpresa a los operadores oficialistas en tribunales. El novel Tribunal Oral Federal 9 (TOF) que iba a juzgar a Cristina Fernández por primera vez en una megacausa (la llamada “ruta del dinero K” y el supuesto encubrimiento del atento a la AMIA por la aprobación del Memorándum con Irán) quedó out. La acordada eyectó también a otros cuatro Tribunales Orales porteños que estaban por entrar en funciones federales como producto de una ley que sancionó el Congreso con amplias mayorías a fines del 2016. Y lo mismo ocurrió en el interior del país, con intentos de utilización de juzgados provinciales para causas que solo permiten ser juzgadas por tribunales federales, como las ligadas al narcotráfico.
2. El segundo trompazo fue la liberación Cristóbal López, el empresario de medios, estaciones de servicios y derivados, junto a su socio principal, Fabián De Sousa. El dictamen cambió la caratula y le bajó ¿definitivamente? el precio: tan solo un delito tributario y no penal. En caso de ser efectivamente juzgado como culpable, la pena será menor.
3. Finalmente, el 24 de marzo último, fecha emblemática si las hay, salieron de la cárcel Carlos Zannini y Luis D’Elía, detenidos injustamente por el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán durante el final del mandato de Cristina Fernández. La situación era tan ridícula y arbitraria que fue la propia fiscal, encargada de impulsar la acusación contra el ex-candidato a presidente y segundo en el esquema de poder kirchnerista y contra el militante social piquetero, la que argumentó con solidez en favor de su excarcelación.
Detrás de la fachada de la supuesta democracia plena en la que viviría la Argentina desde 1983, operan poderes oscuros e insaciables capaces de sacudir y subyugar los cimientos de la vida política e institucional. La referencia incluye a los servicios de inteligencia (ese antro funcional a los Poderes Ejecutivos de turno que nadie quiere ni se anima reformar en serio, salvo cuando se le vuelven obscenamente en contra como le ocurrió a Cristina Fernández), los jueces federales apiñados en Comodoro Py, y los operadores mediáticos y judiciales que caminan como baqueanos por los bajos fondos en busca de réditos para sus jefes políticos y ellos mismos. Una red de difusa que opera en las sombras y de la que solamente conocemos sus puntas más filosas pero superficiales a la manera de un iceberg.
El kirchnerismo padeció en el final de su tercer gobierno pero fundamentalmente cuando perdió las elecciones de 2015 lo que se ocupó de abonar durante su gestión: un poder judicial y un sistema de espías con una enorme capacidad de daño e intervención sobre las instituciones, sus representantes y los ciudadanos de a pie.
Pero el 2018 mostró una novedad política: el prematuro conflicto entre el macrismo y los jueces federales reunidos en ese agujero negro de la vida institucional llamado Comodoro Py. ¿Significa que será definitivo? No lo sabemos. Pero son los mismos jueces que pusieron en práctica todos sus malas artes al servicio de la caída del kirchnerismo y, una vez consumada, sometieron a las principales espadas de la “década ganada” a un mediático escarmiento judicial a base de causas truchas o con un nivel de precariedad pocas veces conocido. El oficialismo supo festejar con obscenidad en cámara las causas arbitrarias contra Cristina Fernández, las detenciones arbitarias de Carlos Zaninni, Luis D’Elía, Amado Boudou, Julio De Vido, y los empresarios más cercanos al poder de entonces: Cristóbal López y Lázaro Báez. Pero esas movidas que tanto rédito electoral le trajeron, ocultaron una verdad que ahora los cambiemitas reconocen a fuerza de fallos contrarios que ponen en vilo su sustentabilidad política en un contexto económico depresivo que no levanta vuelo: el poder judicial tiene juego propio, trabaja para sí mismo, por momentos no tiene mediaciones ni reglas claras.
La primera respuesta del presidente no se hizo esperar: candidateó como jefa de los fiscales a la jueza Inés Weinberg de Roca, actual integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como reemplazante de Alejandra Gils Carbó. Según se informó, Macri la conoció en un gimnasio de su barrio. Pero el dato principal es que con esta propuesta desairó las pretensiones de Raúl Plee, Guillermo Marijuan y otros turbios fiscales federals, pues Weinberg de Roca no forma parte de esa oscuras casta. Su currículum judicial no tiene grandes sombras pero sí el de su marido, un diplomático que fue embajador en los Estados Unidos durante la dictadura de Onganía y en la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante la ONU durante el mandato del genocida Leopoldo Fortunato Galtieri.
El macrismo inflamó el poder del Poder Judicial Federal y de los servicios de inteligencia en sus dos primeros años de gestión. Intenta ahora restarle capacidad de decisión (es decir: de daño) a los federales descentralizando sus atribuciones a través de la elevación de rango de tribunales ordinarios. Pero le llenaron la cara de dedos.
Algo similar padeció en 2004, según informa la revista Crisis, Gustavo Beliz, el ex-ministro de Justicia de Néstor Kichner. Al calor de los secuestros extorsivos y las demandas punitivistas que habilitó el caso Blumberg, el funcionario envió al Congreso un paquete de leyes para transformar la institución judicial y el mundo de los espías. La primera iniciativa proponía descentralizar el fuero federal, para terminar con la concentración de poder en los doce jueces de Comodoro Py; también instituir un tribunal electoral para evitar que una sola jueza (María Romilda Servini de Cubría) tuviera la potestad de arbitrar el sistema político; y la creación de una agencia federal de investigaciones que reuniera a todos los organismos de inteligencia del país, con fuerte control del Parlamento. El destino de Beliz fue salvaje: ante la negativa y ofensiva de los servicios de inteligencia y jueces federales, mostró en cámara la cara de Jaime Stiusso, el principal espía de la Argentina.
El macrismo intentó atribuir el reciente cambio de los vientos judiciales a cierto poder de lobby que todavía mantendría el kirchnerismo, pero ni siquiera los medios hegemónicos que lo bancan en todas fueron capaces de sostener semejante idea. La sospecha pasa por una trama de poderes y políticos que incluyen desde el peronismo hiperconservador con sede en el senado y al mando de Miguel Ángel Pichetto, el silencioso y siempre oblicuo Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia que pugna por sostenerse en su cargo, ciertas figuras estelares de la AFI y, por supuesto, los temibles jueces federales. ¿Las razones? Ponerle un fuerte límite a la intención del gobierno de menguar el poder de Comodoro Py elevando tribunales ordinarios a la categoría de federales. El deseo de sostener la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Entre otros.
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de Juan Pablo Hudson
